Bajo revisión contratos electorales por 2 mil 94 millones de pesos en 23 estados

La contratación de materiales electorales en distintas entidades del país quedó bajo revisión por operaciones que, según una investigación de la Secretaría Anticorrupción, suman 2 mil 94 millones de pesos y abarcan acuerdos celebrados entre 2015 y 2023. El caso involucra a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y abre un nuevo frente de escrutinio sobre el uso de recursos destinados a la organización de comicios.
Entre las compañías señaladas en el expediente aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf y Seriplast de México, firmas que proveen insumos usados durante las jornadas electorales. La revisión busca precisar en qué condiciones se obtuvieron los contratos y verificar si las adjudicaciones se realizaron conforme a las disposiciones aplicables en cada caso.
Un alcance que involucra a 23 organismos locales
Uno de los elementos más amplios del expediente es su cobertura territorial. De acuerdo con la información disponible, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales están relacionados con las contrataciones identificadas. Estas autoridades son las encargadas de organizar elecciones estatales y municipales, y dependen de adquisiciones de documentación, materiales y servicios especializados para operar durante los procesos comiciales.
La amplitud del rastreo sugiere que no se trata de operaciones aisladas, sino de una revisión que pone bajo la lupa patrones de compra en varias entidades. Sin embargo, la existencia de vínculos empresariales o la sola asignación de recursos no implica por sí misma una irregularidad; será tarea de las auditorías determinar si hubo incumplimientos, sobrecostos o prácticas indebidas.
La fiscalización también alcanza al INE
Las revisiones no se limitan al ámbito local. La Auditoría Superior de la Federación también examina contratos celebrados por el Instituto Nacional Electoral y por autoridades electorales locales desde el año 2000, con el objetivo de detectar posibles fallas en los procedimientos y, en su caso, establecer responsabilidades.
El periodo bajo análisis coincide con la etapa posterior a la reforma electoral de 2014, que modificó la relación entre el INE y los organismos estatales al otorgarle la facultad de nombrar a quienes integran sus consejos generales. En parte de ese tramo temporal estuvo al frente del instituto Lorenzo Córdova, de acuerdo con la información incluida en el expediente.
Qué deberá aclararse
Los puntos centrales de la revisión incluyen los procedimientos de adjudicación, la participación de otros proveedores, las condiciones económicas pactadas y el cumplimiento efectivo de los servicios contratados. También deberá establecerse si las compras se ajustaron a las reglas de contratación pública y si existió alguna falla administrativa o contractuales que amerite sanciones o medidas correctivas.
El resultado de estas auditorías será relevante para medir cómo se ejercieron los recursos públicos destinados a la organización de elecciones durante más de dos décadas. Además, permitirá conocer si el sistema de compras electorales requiere ajustes para mejorar su transparencia y control.
Por ahora, el caso permanece en fase de revisión y su desenlace dependerá de los hallazgos que arrojen las instancias fiscalizadoras.




