En Sonora, la discusión sobre posibles vínculos familiares dentro de la administración pública volvió a tomar fuerza tras la renuncia de Delia Sugey Cruz, quien se desempeñaba como administradora en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estatal. Su salida se suma a la de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó la Secretaría Particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Los movimientos ocurrieron en medio de cuestionamientos por la presencia de personas cercanas a la exfuncionaria electoral en cargos del gobierno sonorense. De acuerdo con la información citada por Excélsior el 12 de noviembre, las dos renuncias se produjeron en un contexto de presión pública sobre la integración de varias oficinas estatales.
Señalamientos por posibles nexos familiares
Piñeda Taddei ocupaba un cargo en el entorno directo del gobernador y, según los reportes, recibía un salario superior a 138 mil pesos mensuales. Su salida estuvo acompañada por versiones sobre un presunto congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque la información disponible no incluye una confirmación oficial de esa medida.
La renuncia de Cruz, esposa de Piñeda Taddei, reforzó la atención pública sobre el tema. Aunque por ahora no se han difundido detalles oficiales que expliquen su decisión, la coincidencia de ambas salidas ha sido leída como una señal de mayor escrutinio hacia los nombramientos vinculados con la misma familia.
También se reporta un contrato en otra dependencia
A estos señalamientos se agregó otro caso: el de Celeste Taddei Arriola, exdiputada local de Morena e hija de Jorge Taddei, quien habría obtenido una contratación directa con la Secretaría de la Mujer de Sonora durante 2025. Los documentos mencionados por el medio identifican el contrato SEM-PAIBIM-25-01, con número C-2025-00114942.
Según la información difundida, la dependencia encabezada por Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz habría destinado 210 mil pesos, IVA incluido, por servicios profesionales. El acuerdo habría estado vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025.
Entre las tareas atribuidas a Taddei Arriola se encuentran la coordinación de un equipo operativo y la supervisión de actividades relacionadas con una estrategia de atención integral a las mujeres. No obstante, la información consultada no permite verificar de manera independiente el alcance de esos servicios ni la justificación administrativa del contrato.
El debate sigue abierto
Los nuevos reportes han reactivado la discusión sobre posibles conflictos de interés y redes de influencia dentro de la estructura gubernamental de Sonora. Aunque autoridades federales y estatales han rechazado la idea de una red familiar con control sobre varias dependencias, los casos recientes mantienen el tema bajo observación pública.
Por ahora, el escenario está marcado por renuncias, versiones no confirmadas y contratos reportados en distintas áreas del gobierno estatal. La atención se concentra en si habrá aclaraciones oficiales que permitan precisar el alcance de estas relaciones y el criterio con el que se asignaron los cargos y servicios mencionados.
