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Congreso de Quintana Roo analiza iniciativas sobre familia, salud mental laboral y protección penal

El Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones un conjunto de iniciativas que buscan reforzar la protección de la niñez, mejorar la atención a la salud mental en el servicio público, endurecer sanciones en casos de amenazas vinculadas a procesos penales y actualizar el marco legal en materia anticorrupción y de archivos.

Durante la sesión ordinaria número 20, las propuestas fueron presentadas por distintas fuerzas legislativas y quedaron sujetas a revisión antes de su eventual dictaminación. Aunque aún no se discuten en el pleno, el paquete legislativo plantea cambios relevantes en ámbitos sensibles para la vida cotidiana, la administración pública y el sistema de justicia.

Consulta sobre deudores alimentarios al tramitar matrimonio

Una de las iniciativas fue presentada por el diputado Hugo Alday Nieto y está relacionada con el derecho familiar y el interés superior de la infancia. La propuesta busca que, cuando una persona solicite matrimonio, la Oficialía del Registro Civil consulte el portal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

De acuerdo con lo planteado, esa consulta tendría un carácter informativo y no implicaría una prohibición para casarse. El objetivo sería que la decisión se tome con mayor conocimiento de causa, sin restringir el derecho a contraer matrimonio, pero poniendo sobre la mesa información relevante sobre obligaciones alimentarias incumplidas.

Salud mental obligatoria en el servicio público

En materia laboral, el diputado Rubén Carrillo Buenfil propuso modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. La intención es elevar a obligación legal la implementación de cursos y programas permanentes de información, orientación y atención en salud mental y ocupacional para quienes trabajan en la administración pública.

La iniciativa busca que estas acciones no dependan de la voluntad de cada administración, sino que se mantengan de forma continua como parte de las condiciones de trabajo del personal público.

Más castigo para amenazas en procesos penales y en escuelas

Otra propuesta, impulsada por la diputada Silvia Dzul Sánchez, plantea reformas al Código Penal del Estado para agravar la pena del delito de amenazas cuando se dirija contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos con el propósito de obstaculizar su participación en un procedimiento penal.

La iniciativa también incluye un supuesto adicional: cuando las amenazas provengan de estudiantes, tutores o familiares consanguíneos contra personal docente, directivo o administrativo, con motivo del ejercicio de sus funciones escolares. En ambos casos, la propuesta prevé aumentar la sanción hasta en una mitad.

Actualización de leyes en anticorrupción y archivos

Además, se dio lectura a una propuesta para reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado.

El cambio central consiste en sustituir la referencia a la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por la de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según el planteamiento, la actualización busca armonizar la normatividad vigente en temas de faltas administrativas, auditorías del gasto público y coordinación archivística, sin modificar las atribuciones de fondo.

Las iniciativas seguirán ahora el proceso de análisis en comisiones, donde deberán revisarse sus alcances jurídicos y posibles impactos antes de avanzar a una siguiente etapa legislativa.

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