Cuestionan contratos y posibles vínculos políticos en el IEEQ por arrendamientos y compras electorales
Los contratos de arrendamiento y varias adquisiciones vinculadas al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) han generado preguntas sobre el uso de recursos públicos durante la gestión de Gerardo Romero Altamirano, ex presidente del organismo y actual funcionario del gobierno municipal de Querétaro.
El tema fue retomado por el periodista David Smeke en un texto publicado el 5 de noviembre, donde expone tanto los compromisos financieros del instituto como las relaciones políticas de algunas de las personas que han estado cerca de su operación. Aunque los señalamientos no prueban por sí mismos irregularidades, sí abren la discusión sobre la transparencia con la que se tomaron decisiones administrativas relevantes.
Arrendamientos bajo revisión
Uno de los puntos que más atención ha generado es el inmueble ubicado en Avenida Las Torres 102, sede que el IEEQ utiliza desde 2011. Según los datos citados en la publicación, para 2026 el pago mensual del edificio principal asciende a 227 mil 700 pesos. De esa cantidad, 75 mil 900 pesos corresponderían a Donino Ángel Martínez Diez, identificado como suegro del panista Ricardo Anaya Cortés.
A ese monto se suma otro contrato por 55 mil pesos mensuales por el alquiler del interior 6. El antecedente de 2025 también aparece en la revisión: ese año, el arrendamiento del inmueble principal habría alcanzado 251 mil 604 pesos. La permanencia de estos acuerdos por cerca de 15 años plantea dudas sobre las condiciones pactadas, la evolución de los precios y la justificación para mantener la relación con los mismos propietarios.
Compras de material electoral
La revisión no se limita al arrendamiento. También se cuestionan las adquisiciones de material electoral hechas a través de empresas como Cajas Graf y Litho Formas durante el periodo en que Romero encabezó el instituto. En ese punto, la pregunta central es cómo se eligieron esos proveedores, qué mecanismos de adjudicación se aplicaron y qué observaciones pudieron surgir en las auditorías, incluida la revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
El interés público en estas operaciones aumenta porque involucran recursos destinados a garantizar la organización electoral. Por eso, la documentación que respalde cada contrato y cada decisión administrativa resulta clave para aclarar si las contrataciones cumplieron con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Un contexto político que agrega presión
Otro elemento que ha alimentado el debate es la trayectoria del exconsejero electoral, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro. Su incorporación al gobierno encabezado por Felipe Fernando Macías, político cercano a Ricardo Anaya, volvió a poner el foco sobre las conexiones entre figuras que han pasado por el IEEQ y actores de la vida pública local.
En ese contexto, las relaciones personales o partidistas no acreditan automáticamente una conducta indebida. Sin embargo, sí refuerzan la necesidad de revisar con detalle los expedientes, contratos y procesos internos que sustentaron las decisiones del instituto.
De cara al ciclo electoral de 2027, el caso adquiere especial relevancia. La confianza en la autoridad electoral depende, en buena medida, de que sus recursos sean administrados con claridad y que cualquier duda sobre posibles conflictos de interés pueda responderse con documentos verificables y acceso a la información pública.
